Este 30 de julio se conmemoran cinco décadas de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de El Salvador: la masacre de estudiantes universitarios en San Salvador en 1975.
Todo inició el 25 de julio de ese año, cuando efectivos militares intervinieron el Centro Universitario de Occidente, en Santa Ana, con el objetivo de impedir el tradicional desfile bufo organizado por los estudiantes. En respuesta, la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) convocó a una marcha de protesta en la capital para el 30 de julio.
Ese día, a partir de las 2:30 de la tarde, estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), acompañados por trabajadores y alumnos de secundaria, iniciaron la marcha desde el campus central hacia el centro de San Salvador.
Al llegar a la 25 avenida Norte, en las cercanías del Hospital Rosales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), fueron interceptados por efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda.
Los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos, armas de fuego y vehículos blindados. Testigos afirman que tanquetas embistieron a los estudiantes y se obstaculizó el paso de ambulancias. La represión dejó un número aún no determinado de víctimas.
Esa misma noche, personal militar retiró varios cuerpos del lugar. El único identificado de inmediato fue José María López, estudiante de Medicina. Al día siguiente, la Universidad de El Salvador fue cerrada por decisión de sus autoridades.
Desde 1975 hasta 2022, la UES ha documentado al menos 17 personas fallecidas, 38 desaparecidas y 19 heridas. En años posteriores, algunas víctimas recibieron títulos póstumos por parte de la universidad.
Días antes de la masacre, el presidente Arturo Armando Molina había declarado que analizaba medidas para detener “el terrorismo”. El 9 de julio descartó la imposición de un estado de sitio, pero reconoció que se estaban implementando acciones de seguridad.
Ese mismo mes, mientras ocurrían los hechos, El Salvador fue sede del certamen Miss Universo 1975, organizado con apoyo del Ejecutivo.
Décadas después, en 2020, la UES presentó más de 60 denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se investigue la masacre como crimen de lesa humanidad. En 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Defensa entregar o reconstruir los archivos militares relacionados con el caso.
