El tribunal advirtió que, de no abonar su parte del monto en diez días, se rematarán sus bienes embargados

Un tribunal federal en Argentina ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho exfuncionarios y empresarios pagar 537 millones de dólares como parte de la ejecución de la sentencia por corrupción en la causa conocida como “Vialidad”.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) dispuso que los condenados deben cubrir, en conjunto, 685.000 millones de pesos argentinos —unos 537 millones de dólares al cambio oficial— en concepto de reparación por el “grave daño al erario público” cometido durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

Según la resolución, Cristina Fernández deberá abonar su parte en efectivo y dentro de los próximos diez días hábiles, mediante un depósito en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina. De no cumplir con esta obligación, se procederá al remate de sus bienes embargados.

Además de Fernández, la medida alcanza al empresario Lázaro Báez, así como a los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. Todos ellos están actualmente privados de libertad.

El monto fue determinado tras un peritaje oficial realizado por contadores públicos, que rechazó los cálculos presentados por la defensa de Fernández, que proponía devolver solo 42.000 millones de pesos (unos 33 millones de dólares).

Se prevé que tanto la expresidenta como los demás condenados interpongan recursos de apelación, aunque el fallo ya está en etapa de ejecución.

Cristina Fernández, de 72 años, cumple prisión domiciliaria desde el mes pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La exmandataria debe permanecer en su residencia habitual, portar una tobillera electrónica y restringir sus visitas a una lista previamente autorizada. Las continuas manifestaciones de apoyo organizadas por simpatizantes peronistas en la zona han generado tensiones con vecinos, pero el tribunal ha rechazado cambiar el lugar de reclusión.

La causa “Vialidad” se refiere a la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, feudo político del kirchnerismo, en beneficio del empresario Lázaro Báez. La justicia consideró que hubo una estructura de corrupción sistemática, coordinada desde el más alto nivel del Ejecutivo.

Con esta decisión, el proceso judicial entra en una nueva etapa que podría tener consecuencias patrimoniales directas para la expresidenta, mientras su defensa busca frenar la ejecución de la sentencia.