La Fiscalía General de la República logró una contundente victoria contra el crimen organizado al obtener condenas de hasta 180 años de prisión para 56 pandilleros de la estructura criminal MS, quienes operaban en la zona costera del departamento de La Libertad. Los delitos por los que fueron procesados se cometieron entre los años 2015 y 2020 en municipios como Tamanique, Jicalapa, Chiltiupán y Teotepeque.
Uno de los hechos más estremecedores fue el asesinato del joven futbolista Jonathan Arnoldo Cristales Vásquez. Mientras jugaba en una cancha en Jicalapa, fue brutalmente interceptado por miembros de la pandilla, quienes le cubrieron el rostro y lo ejecutaron de manera fría, dejando una huella de dolor en la comunidad.
Los condenados pertenecían a diferentes clicas del programa Porteños Locos Salvatruchos, incluyendo: San Diego Locos, Cangrejeras Locos, Melaras Locos, Porteños Locos, Bosques Locos y Chiltiupanes Locos Salvatruchos.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en graves delitos como homicidio agravado, tráfico ilícito de drogas y armas, agrupaciones ilícitas, y conspiración para cometer delitos relacionados con estupefacientes.
Entre los sentenciados se encuentran figuras de diferentes niveles dentro de la estructura criminal: un ranflero, dos corredores de programa, cinco corredores de clica, 18 homeboys, cuatro chequeos y 20 colaboradores.
Algunos de los condenados con penas más altas son:
Henry Giovanni Lobos Pérez, homeboy, sentenciado a 180 años de prisión.
Juan Pablo Barrera Ramírez, ranflero del programa Porteños, condenado a 170 años, que se suman a una pena anterior de 100 años.
Melvin Adalberto Munguía Lobo, con 142 años de condena.
Moisés Martínez Vigil, sentenciado a 130 años.
José Jonathan Ramírez Ángel, condenado a 78 años.
René Adán Cartagena, con una pena de 91 años.
Esta resolución judicial marca un paso firme en la lucha contra el crimen organizado, demostrando que el sistema de justicia está determinado a castigar con rigor a quienes sembraron el terror en diversas comunidades del país. La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar desmantelando las estructuras criminales que tanto daño han causado a El Salvador.
