Una decisión de la Corte Suprema el mes pasado que limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional parecia allanar el camino para que el presidente Donald Trump comenzara a aplicar este domingo su plan para poner fin a la ciudadanía por nacimiento este domingo. Pero los tribunales inferiores lo frenaron.
A principios de este mes, un juez federal en New Hampshire bloqueó la orden de Trump a nivel nacional a través de una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Este tipo de demandas son una de las formas en que la Corte Suprema sugirió que los demandantes podrían intentar frenar la aplicación de la política para quienes se verían afectados por ella.
El Departamento de Justicia no ha apelado ese fallo del juez de distrito de EE. UU. Joseph LaPlante, quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush.
Si el Gobierno decide apelar en los casos que impugnan el decreto no es un asunto menor: los expertos legales han dicho desde hace tiempo que la decisión del gobierno de llevar el tema a la Corte Suprema solo sobre la cuestión técnica de si los tribunales se excedieron al bloquear su política a nivel nacional representaba un intento estratégico de debilitar el poder de los tribunales inferiores frente a la gran cantidad de litigios sobre las acciones de Trump.
“El Gobierno de Trump fue muy deliberado y estratégico en su decisión de acudir a la Corte Suprema con la pregunta de qué remedio pueden obtener las personas cuando impugnan acciones ejecutivas, en lugar de sobre los méritos de este decreto en particular”, dijo Jessica Levinson, profesora de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de Loyola.
