Este lunes entró en vigor la Ley Anticorrupción, normativa que busca prevenir, detectar, investigar y sancionar actos ilegales cometidos por funcionarios, empleados y servidores públicos en el manejo de fondos del Estado. La medida forma parte de la “guerra contra la corrupción” impulsada por el presidente Nayib Bukele.

La ley, aprobada el 7 de febrero con votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC (ARENA y VAMOS votaron en contra), crea el Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), que agrupa a 12 instituciones como la Fiscalía General de la República, PNC, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda y Superintendencia del Sistema Financiero.

Entre sus disposiciones destacan:

13 delitos tipificados, incluyendo peculado, cohecho, malversación, soborno transnacional y tráfico de influencias.

Creación del Centro Nacional Anticorrupción (CNA), adscrito a la Fiscalía, con presupuesto especial y tecnología para rastrear redes de corrupción.

Acceso irrestricto de la FGR a juicios de cuentas y expedientes de la Corte Suprema en casos de enriquecimiento ilícito.

Protección a denunciantes y testigos. Obligación de declarar activos y pasivos de funcionarios, cónyuges e hijos junto con la declaración de renta anual.

Según Nelson Flores, especialista en administración pública, esta ley “promueve la ética y la transparencia” y rompe con las políticas de gobiernos anteriores “que protegían a los corruptos”.