Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos frenó este viernes los planes del Gobierno de Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 600.000 venezolanos en el país.

El panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones ratificó por unanimidad la decisión de un tribunal inferior que mantiene vigentes las protecciones mientras el caso continúa en los tribunales.

La jueza Kim Wardlaw, designada en su momento por el presidente Bill Clinton, escribió en nombre del panel que el Congreso creó el TPS como un sistema “predecible, confiable y protegido de la política electoral”. Según el fallo, la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía facultades para revertir la extensión otorgada previamente por la administración Biden.

En marzo, un tribunal en San Francisco ya había determinado que los demandantes tenían altas probabilidades de ganar, alegando que la medida del Gobierno republicano excedía su autoridad y estaba motivada por animosidad racial. Sin embargo, la Corte Suprema anuló temporalmente esa decisión sin explicación.

Actualmente, las protecciones migratorias ya expiraron para unos 350.000 venezolanos, de los cuales muchos han perdido empleos, han sido detenidos, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses o deportados, según sus abogados. Los 250.000 restantes tienen TPS vigente hasta el próximo 10 de septiembre.

El TPS permite otorgar estatus legal temporal a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres o crisis humanitarias, como es el caso de Venezuela, donde millones han huido por la inestabilidad política, el desempleo masivo y la crisis económica.

El Gobierno estadounidense argumenta que la secretaria de Seguridad Nacional tiene amplia discreción para tomar decisiones sobre el programa y niega que las acciones estén vinculadas a motivos raciales.