El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de 15 personas acusadas de defraudar a dos instituciones financieras, causando una pérdida superior al millón de dólares. Los imputados enfrentan cargos por varios delitos, entre ellos estafa agravada y lavado de dinero.
Un total de 15 personas, presuntamente responsables de una red de estafas contra dos instituciones bancarias, permanecerán en detención provisional tras la orden emitida por el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Los acusados enfrentan cargos por estafa agravada, lavado de dinero y activos, uso y tenencia de documentos falsos, así como por la obtención indebida de bienes y servicios mediante tarjetas inteligentes y otros medios fraudulentos.

Operaban bajo la fachada de empleados públicos.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban bajo la fachada de empleados de instituciones públicas. Presentaban documentación falsa, como constancias salariales y de pago, con el objetivo de obtener préstamos personales de diferentes montos, que iban desde los $7,000 hasta los $30,000, en un intento por «consolidar deudas». Esta operación, aparentemente bien organizada, fue dirigida por Christopher Jonathan Pacheco Juárez, quien, según las investigaciones, lideraba la estructura criminal y aprobaba los créditos, a pesar de las evidentes falsificaciones.
Las autoridades judiciales informaron que a Pacheco Juárez se le hallaron más de 20 cheques a su nombre, así como más de $170,000 sin justificar en su cuenta bancaria, lo que refuerza la acusación de que estaba involucrado en actividades ilícitas. A los 15 detenidos se les aplicó un plazo de seis meses para la instrucción del caso, tras su captura el pasado 28 de febrero, en el marco de un operativo realizado por la FGR. Este operativo formó parte de una serie de 312 órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público contra presuntos estafadores.
La Fiscalía también destacó que las instituciones bancarias afectadas sumaron una pérdida de $1,118,325 dólares, debido a los créditos fraudulentos solicitados por los acusados. Además, hay imputados ausentes en este caso, cuya situación jurídica será resuelta en los próximos días.
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