El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana dictó condenas de hasta 40 años de prisión contra 30 miembros de la pandilla 18, Sureños y Revolucionarios, por el delito de agrupaciones ilícitas, en un fallo que reafirma el compromiso de las autoridades salvadoreñas en la lucha contra el crimen organizado.
Entre los condenados destacan Walter Enrique Sion Shull, Carlos Enrique Ortiz García y Emerson Raúl Hernández Hernández, quienes recibieron la máxima pena de 40 años de cárcel. Sion Shull fungía como palabrero de la cancha La Planta, Ortiz García operaba en la cancha El Centro, mientras que Hernández Hernández desempeñaba funciones de palabrero y gatillero, coordinando actividades criminales dentro de la estructura.
El tribunal también impuso penas de 30 años de prisión a 19 miembros de rango homeboy, mientras que siete colaboradores adicionales recibirán 20 años de cárcel por su participación en la organización criminal.
De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos operaban en diversas localidades del departamento de Sonsonate, realizando actividades ilícitas como extorsión, amenazas, tráfico ilícito de drogas, limitación ilegal a la libertad de circulación, robos y daños, entre otros delitos. Muchos de ellos contaban con antecedentes penales previos, lo que evidenció su implicación continua en actos delictivos.
Las sentencias se lograron gracias al trabajo conjunto entre fiscalía especializada y autoridades judiciales, quienes presentaron pruebas contundentes, incluyendo registros de inteligencia, testimonios y antecedentes penales que confirmaron la participación activa de cada imputado dentro de la estructura criminal.
Con estas resoluciones, la justicia salvadoreña reafirma su compromiso de erradicar las pandillas y estructuras delictivas, protegiendo a la población y enviando un mensaje claro de que la ley actuará con firmeza contra quienes amenacen la seguridad ciudadana.
El Gobierno de El Salvador y las instituciones encargadas de la seguridad destacan que la coordinación entre fiscales, jueces y fuerzas de seguridad es clave para mantener el avance en la lucha contra el crimen organizado, consolidando la estrategia de seguridad implementada en el país.
