En un mensaje dirigido a la nación, el presidente Bernardo Arévalo destituyó este miércoles a la cúpula de su gabinete de seguridad, en respuesta a la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a la pandilla Barrio 18, ocurrida hace dos meses en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, pero revelada públicamente el fin de semana pasado.

La medida, que incluye la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de los viceministros de Seguridad, José Portillo, y de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Claudia Palencia, busca restaurar la confianza en el sistema penitenciario y policial ante una de las peores crisis de seguridad en lo que va de su mandato.

La fuga, confirmada por el Sistema Penitenciario (SP) tras una verificación biométrica el 10 de octubre, involucró a cabecillas de la estructura criminal declarada «organización terrorista» por Estados Unidos en septiembre pasado. Los reclusos escaparon aparentemente por la puerta principal del centro carcelario, ubicado a unos 20 kilómetros al sureste de la capital, lo que ha desatado sospechas de corrupción interna y negligencia.

Hasta el momento, solo uno de los fugados ha sido recapturado, pese a operativos coordinados con El Salvador, Honduras y México para reforzar fronteras y cárceles. Arévalo, quien se encontraba de viaje oficial en Europa –incluyendo una reunión con el papa León XIV– durante el estallido del escándalo, regresó el lunes y aprovechó su cadena nacional para denunciar la injerencia de «actores políticos oportunistas vinculados a redes delincuenciales».

 «No voy a negar la realidad: no hay explicación buena para esto», admitió, al tiempo que anunció medidas correctivas: un censo exhaustivo de la población penitenciaria, la creación de una fuerza de tarea para auditar procesos administrativos y erradicar la corrupción, y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad para 2.000 pandilleros, a cargo del cuerpo de ingenieros del Ejército, con asesoría del FBI y el Departamento de Estado de EE.UU.

Esta prisión comenzará a operar en un año y se enfocará en rehabilitación para evitar que las cárceles se conviertan en «universidades del crimen». El nombramiento de Mario Luis Pacay como director en funciones del SP, un egresado de la Universidad Galileo con maestría en Seguridad Nacional y más de 15 años en el sector público, busca fortalecer el control de los centros penitenciarios.

Arévalo prometió anunciar pronto a los nuevos titulares de Gobernación y viceministerios, enfatizando que la seguridad de Guatemala es «clave» y no hay tiempo que perder. La crisis ha generado un torbellino político: la oposición y sectores empresariales, como la Cámara de Comercio, han calificado el incidente como un «grave atentado a la seguridad nacional» y un «fracaso del sistema», exigiendo investigaciones independientes y una ley antipandillas para endurecer penas.

Analistas como el constitucionalista Edgar Ortiz lo describen como «la crisis más grande del gobierno hasta ahora», evidenciando un «liderazgo débil» y complicaciones ante Washington, que ha calificado la fuga de «inaceptable». Tres diputados, incluido el presidente del Congreso, Nery Ramos, impulsan reformas urgentes.

La población guatemalteca, visiblemente indignada en las calles, demanda resultados rápidos. Arévalo llamó a la unidad nacional y reiteró el compromiso de su administración socialdemócrata, iniciada en enero de 2024, con la lucha contra la impunidad. La recaptura de los restantes fugados y los avances en la auditoría penitenciaria serán clave para mitigar el impacto en la percepción de seguridad.