El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó un fuerte rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Petro calificó el fallo como un intento de «tapar la historia paramilitar en Colombia», vinculándolo a presuntos lazos entre el poder político, el narcotráfico y el paramilitarismo que, según él, desataron genocidios en el país.
Esta reacción se dio en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos y ha generado polarización política, con llamados a movilizaciones ciudadanas.
El proceso judicial contra Uribe se originó en 2012, cuando, como senador, denunció al también senador Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos para vincularlo con el paramilitarismo en Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda e inició una investigación contra Uribe, encontrando indicios de que él y su equipo (incluyendo al abogado Diego Cadena) presionaron a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés para que retractaran testimonios o difamaran a Cepeda.
La jueza Sandra Heredia condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, convirtiéndolo en el primer expresidente colombiano sentenciado penalmente por estos delitos.
El Tribunal Superior de Bogotá, en fallo leído por el magistrado Manuel Antonio Merchán, revocó la condena. Argumentó falta de pruebas directas para configurar fraude procesal y soborno, y desestimó interceptaciones telefónicas de 2018 como violatorias de la intimidad de Uribe (autorizadas para otro investigado, pero que capturaron su voz discutiendo sobornos). El tribunal ordenó la libertad inmediata de Uribe.
El caso se relaciona con acusaciones de vínculos de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar responsable de masacres durante el conflicto armado. Reacción de Gustavo Petro, conocido por sus críticas históricas al uribismo y al paramilitarismo, publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un mensaje inmediato tras el fallo:
«El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia.»
«Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país.»
convocó a una movilización el viernes 24 de octubre en la Plaza de Bolívar de Bogotá para recolectar firmas en favor de un «poder constituyente», interpretando el fallo como un obstáculo a la verdad histórica sobre el paramilitarismo.
Polarización: La absolución ha reavivado divisiones. El uribismo celebra el fallo como vindicación, mientras la izquierda (incluyendo a Petro) lo ve como impunidad que protege redes paramilitares. El abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, anunció un recurso de casación ante la Corte Suprema, afirmando: «Esta batalla no ha terminado».
Petro ligó el caso a tensiones con EE.UU., donde Donald Trump (reelecto en este escenario hipotético) ha criticado la política antidrogas de Colombia. Uribe, aliado de sectores conservadores, podría influir en sanciones contra el gobierno de Petro.
Uribe enfrenta investigaciones pendientes por presuntos nexos paramilitares, aunque este fallo fortalece su posición política como líder del Centro Democrático.
