A un mes de declararse el estado de emergencia en Lima y Callao con el objetivo de combatir la violencia y el crimen organizado, los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelan una cruda realidad: se registraron 57 homicidios entre el inicio de la medida y mediados de 2025.

Lejos de disminuir, los asesinatos, extorsiones y sicariatos persisten en múltiples distritos de la capital. Los crímenes no distinguen zonas: se reportan casos en avenidas concurridas como Grau, en sectores residenciales de clase media como San Borja y en zonas populares como Villa María del Triunfo.

Este balance pone en cuestión la efectividad de la estrategia implementada, que incluyó el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. A pesar del mayor control militarizado en calles y puntos críticos, la sensación de inseguridad se mantiene y los indicadores de violencia letal no muestran una reducción significativa.

La ciudadanía esperaba resultados más contundentes en el corto plazo. Treinta días después, los 57 homicidios registrados por Sinadef son la evidencia de que el crimen organizado sigue operando con impunidad en la capital peruana.