El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones dirigidas a familiares cercanos y presuntos asociados de Nicolás Maduro, en un esfuerzo continuo por aumentar la presión política y económica sobre el gobierno venezolano. Estas medidas, emitidas por el Departamento del Tesoro, buscan restringir el acceso al sistema financiero internacional de aquellos señalados por facilitar la permanencia del mandatario en el poder y por su presunta participación en actividades ilícitas.
Entre los incluidos en la «lista negra» de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encuentran figuras que, según Washington, operan redes de corrupción y lavado de dinero bajo el amparo de la administración actual. Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en propiedad de estas personas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo el control de ciudadanos de EE. UU.
Esta acción subraya la postura de la administración estadounidense de no reconocer los resultados electorales recientes y denunciar violaciones a los derechos humanos. Expertos señalan que estas sanciones buscan fracturar el círculo interno de confianza de Maduro, enviando un mensaje claro de que los beneficios obtenidos a través del sistema político venezolano tendrán consecuencias internacionales directas para sus familias y socios comerciales.
