Tras las severas inundaciones que afectaron a cerca de 20 viviendas en el sector Quartier 11 de Ciudad Marsella, el Gobierno de El Salvador ha tomado medidas drásticas contra la empresa desarrolladora y sus filiales. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, junto al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmaron que los daños registrados son consecuencia directa de la negligencia por parte de la empresa Global Developers y Salazar Romero.

En respuesta inmediata, y bajo instrucciones del presidente Nayib Bukele, se ha ordenado la inhabilitación nacional de estas compañías, suspendiendo de manera indefinida todos sus permisos de construcción y parcelación. Esta medida busca proteger el patrimonio de las familias salvadoreñas frente a ejecuciones de obra que no garantizan las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad.

Como parte de las sanciones económicas, se ha decretado la paralización total de cualquier cobro que la constructora realizaba a las familias en concepto de crédito inicial o reservas. Las autoridades señalaron que estas cuotas no se estaban aplicando correctamente al capital de las viviendas, por lo que los pagos permanecerán detenidos hasta que se realice una revisión detallada de cada expediente.

Asimismo, los créditos del Fondo Social para la Vivienda para este proyecto han sido suspendidos, garantizando que ninguna familia pueda ser desalojada mientras dure el proceso de auditoría y recepción formal de las obras. La ministra subrayó que los afectados tienen el derecho legal de devolver las viviendas y recibir el reembolso total de lo pagado si así lo deciden, incluyendo los gastos de escrituración.

En el terreno, equipos de Protección Civil y Bomberos continúan con las evaluaciones estructurales y la remoción de lodo para mitigar riesgos ante nuevas lluvias. El Gobierno ha sido enfático en que la empresa deberá asumir el cien por ciento de los costos por los daños materiales ocasionados, que abarcan desde artículos personales hasta vehículos afectados.

Esta intervención integral reafirma el compromiso de las instituciones por no permitir abusos ni irregularidades por parte de las desarrolladoras inmobiliarias. Se mantendrá un acompañamiento constante a los propietarios para asegurar que se ejecuten las acciones correctivas necesarias en el sistema de drenajes y que se cumpla con la certeza jurídica y seguridad habitacional que los ciudadanos merecen.