La situación en Minnesota ha alcanzado un punto crítico tras días de intensas confrontaciones entre civiles y fuerzas federales. La chispa que detonó la indignación colectiva fue el tiroteo letal de Renee Good, una madre de 37 años, a manos de un agente del ICE. Este incidente ha desatado una ola de protestas que se extendieron desde Minneapolis hasta St. Cloud, donde las autoridades emplearon gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes.

El despliegue, descrito por el Departamento de Seguridad Nacional como el más grande de su historia con más de 2,000 agentes, ha sido calificado por el fiscal general Keith Ellison como una «invasión federal». En respuesta, el estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas han interpuesto una demanda contra el gobierno de Trump, alegando violaciones a la Primera Enmienda y un uso selectivo de la fuerza contra estados de tendencia progresista.

Mientras el gobierno federal defiende sus acciones argumentando la seguridad pública y el cumplimiento de la ley, líderes locales como el gobernador Tim Walz denuncian las tácticas agresivas basándose en evidencias de video. La crisis migratoria no se limita a Minnesota; Illinois también ha iniciado acciones legales tras arrestos masivos similares, reflejando una fractura profunda y creciente entre las administraciones locales y el poder federal.