En un giro histórico que revierte décadas de control estatal, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La medida, impulsada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, busca atraer capital privado y extranjero para rescatar la industria energética, permitiendo la participación en actividades críticas como exploración y extracción, además de habilitar el arbitraje internacional para resolver conflictos.

Este cambio legislativo ocurre en un contexto geopolítico convulso, semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Paralelo a la reforma, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha mostrado interés en revitalizar las infraestructuras del país, proyectando inversiones de hasta 100.000 millones de dólares a través de capitales estadounidenses.

Como respuesta inmediata, el Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzó a flexibilizar las sanciones, permitiendo a sus petroleras ampliar operaciones en suelo venezolano. Además, se anunció la reapertura del espacio aéreo comercial, marcando el inicio de una nueva etapa de apertura económica y normalización de relaciones bajo la tutela de Washington, pese a las protestas de trabajadores que exigen la liberación del antiguo mandatario.