La justicia federal estadounidense emitió dos fallos determinantes y opuestos en el marco de la agresiva campaña migratoria impulsada por la Administración Trump. En Texas, el juez Fred Biery ordenó la liberación inmediata de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, y de su padre, Adrián Conejo Arias, quienes permanecían detenidos en un centro para familias migrantes tras un operativo en Minnesota. El magistrado criticó duramente las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, calificando la implementación del gobierno como una estrategia mal concebida que busca cumplir cuotas de deportación incluso a costa de traumatizar a menores de edad.

El caso de Liam despertó una ola de indignación nacional tras la difusión de una imagen del pequeño siendo retenido por un agente migratorio, denunciándose que fue utilizado como cebo para capturar a sus padres. Mientras el gobierno sostiene que la entrada del padre al país fue ilegal en 2024, la defensa legal afirma que existe una solicitud de asilo pendiente que debería haber evitado su detención. La orden judicial permite que la familia pueda reunirse finalmente después de un traslado forzoso a más de mil ochocientos kilómetros de su hogar, marcando un alivio humanitario en medio de un clima de alta tensión política y social.

Simultáneamente, la jueza Katherine Menéndez rechazó una solicitud de medida cautelar presentada por el estado de Minnesota que buscaba suspender las redadas masivas conocidas como Operación Metro Surge. A pesar de reconocer el efecto desgarrador y los incidentes violentos que han resultado en muertes de civiles, la magistrada argumentó que no hay pruebas suficientes de que la demanda estatal por violaciones a la soberanía tenga éxito definitivo en los tribunales. Esta decisión permite que las operaciones federales continúen activas en la zona, bajo el argumento del Departamento de Seguridad Nacional de combatir la supuesta inseguridad causada por las políticas de ciudades santuario.

La reacción ante estos fallos ha sido polarizada, con funcionarios del gobierno celebrando la continuidad de las redadas como una victoria legal, mientras autoridades locales en Minneapolis expresan su profunda decepción. Los alcaldes y el fiscal general de Minnesota mantienen que la presencia de miles de agentes federales tiene como fin intimidar al estado y fracturar el orden público, provocando ausentismo escolar y miedo generalizado. Mientras tanto, en otras latitudes como El Salvador, el enfoque comercial con Estados Unidos avanza por vías distintas tras el reciente acuerdo de eliminación de aranceles, contrastando con la compleja crisis de derechos humanos en la frontera norte.