
El sistema judicial salvadoreño pone la lupa sobre la gestión pública en el occidente del país. Mario Moreira, exalcalde de Santa Ana por el partido ARENA y actual concejal de oposición, enfrentará un juicio formal por el delito de peculado, tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de apropiarse de fondos municipales.
La investigación fiscal apunta a una estructura que presuntamente desvió dinero destinado a proyectos de infraestructura que nunca se ejecutaron. Un punto clave en el caso es el vínculo de Moreira con la Constructora Moring, S.A. de C.V., empresa de la cual es representante legal y que ha participado en diversas licitaciones a nivel nacional. La audiencia de aportación de pruebas, programada para hoy, busca sustentar cómo fondos aprobados por el concejo terminaron fuera de las arcas públicas.
Este caso no involucra a un solo hombre; la red alcanza a 26 personas más, incluyendo al extesorero municipal, al jefe de la UACI, síndicos y exconcejales de los periodos 2012-2018. Con la captura de contratistas externos y exfuncionarios, el proceso entra en una etapa decisiva que busca sentar un precedente sobre la transparencia en las administraciones locales de El Salvador.



