En un giro político sin precedentes tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, el Parlamento de Venezuela dio luz verde al primer debate de la “Ley de amnistía para la convivencia democrática”. La propuesta, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca liberar a presos políticos de los últimos 27 años, marcando el inicio de lo que el oficialismo define como una etapa de “reconciliación nacional”.

El proyecto, aprobado por unanimidad, consta de 13 artículos pero establece límites claros: excluye delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones graves a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico. Durante la sesión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, enfatizó la necesidad de “sanar heridas” tras los eventos de enero de 2026, mientras que la oposición exigió garantías reales para que los liberados se reintegren a la vida pública sin temor a represalias.

Este movimiento legislativo ocurre en un contexto de máxima tensión, con más de 800 excarcelaciones reportadas desde noviembre y el clamor del chavismo por la libertad de Maduro y Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York. La ley ahora pasará a una fase de consultas antes de su debate final, dejando en el aire la esperanza de un diálogo que, según el Gobierno, no debe aceptar injerencias externas.