En un movimiento estratégico para modernizar el sistema financiero, la Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos a favor, la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos. Esta normativa, vigente desde 1999, imponía un blindaje que obligaba a que el 51 % de las acciones de las entidades bancarias perteneciera exclusivamente a capital salvadoreño o centroamericano.

La decisión, tomada durante la sesión plenaria número 100, elimina formalmente esta barrera de nacionalidad en la composición accionaria. Según los legisladores, el objetivo principal es abrir las puertas a nuevos participantes globales, ampliando las fuentes de financiamiento y fomentando una mayor competencia en la intermediación financiera del país.

La diputada Dania Hernández subrayó que, tras 27 años de vigencia, la ley anterior se había convertido en un obstáculo para la innovación. «La derogatoria responde a la necesidad de eliminar disposiciones que limitaban la llegada de nuevos actores y tecnologías al sector», afirmó. Con esta reforma, El Salvador busca posicionarse como un destino más atractivo para la banca internacional, facilitando la entrada de capitales que impulsen la inclusión financiera y el desarrollo económico mediante un mercado más dinámico y abierto.