El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una contundente respuesta ante las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El organismo internacional cuestionó las propuestas legales que buscan imponer sanciones severas, incluida la cadena perpetua, a menores de edad a partir de los 12 años involucrados en delitos graves.

La ONU advirtió que estas medidas vulneran los derechos de la niñez y se alejan de los estándares internacionales de justicia juvenil. Sin embargo, Bukele defendió su postura vinculando el auge de las pandillas con la permisividad legal del pasado. El mandatario recordó que la Ley del Menor Infractor de 1994, implementada tras la guerra civil, permitió sanciones mínimas que, sumadas a las deportaciones masivas desde Estados Unidos en la era Clinton, facilitaron que las estructuras criminales tomaran el control del país.

«Llévense sus experimentos sociales a otros países», sentenció Bukele.

Con estas palabras, el presidente rechazó las observaciones externas, argumentando que las pandillas generaron décadas de terror y desplazamientos bajo sistemas «permisivos». Bukele reafirmó que su gobierno mantendrá la mano dura, asegurando que El Salvador no volverá a ser el laboratorio de políticas internacionales que, a su juicio, fracasaron en proteger a la población honrada. El mensaje es claro: la seguridad nacional prevalecerá sobre las directrices de los organismos de derechos humanos.