La Unión Europea (UE) alcanzó un principio de acuerdo para endurecer significativamente sus leyes migratorias, permitiendo la creación de «centros de retorno» para inmigrantes ubicados fuera del territorio del bloque comunitario. La medida, pactada entre los legisladores europeos y los Estados miembros, busca acelerar las devoluciones de personas sin derecho legal a permanecer en la región.

Nicholas Loannides, viceministro de Migración de Chipre —país a cargo de la presidencia rotatoria de la UE—, calificó el pacto de histórico y aseguró que reforzará la credibilidad de la política migratoria europea. La nueva legislación otorgará a los gobiernos facultades más amplias para detener y expulsar a quienes se les deniegue el asilo, aplicando sanciones severas como la prohibición de entrada a quienes no cooperen.

La iniciativa ha despertado duras críticas de organizaciones de derechos humanos. Marta Welander, representante del Comité Internacional de Rescate (IRC), denunció que la normativa normalizará las redadas y el uso de instalaciones similares a prisiones en el extranjero, calificando a estos centros como «agujeros negros legales» que elevan el riesgo de que los migrantes sean enviados a naciones donde sufran persecución o tortura.