El Salvador avanza con firmeza hacia la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho mediante el desarrollo de un juicio histórico contra 563 miembros del Barrio 18, responsables de décadas de violencia. Paralelamente, más de 400 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) también enfrentan procesos judiciales por múltiples delitos, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
La Fiscalía General de la República presentó la acusación ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, acumulando 14,488 imputaciones por delitos cometidos desde 2012, tales como homicidio agravado, extorsión y tráfico de drogas. Entre los hechos juzgados destacan crímenes emblemáticos como la masacre de cinco personas en Antiguo Cuscatlán en 2006 y el asesinato de 11 trabajadores en San Juan Opico en 2016.
Las investigaciones señalan que estas estructuras criminales se fortalecieron en el pasado bajo esquemas como la «tregua entre pandillas». No obstante, la implementación del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción ha permitido capturar a miles de delincuentes y debilitar su capacidad operativa, reafirmando el compromiso gubernamental de garantizar que ningún delito quede en la impunidad.
