Una jueza federal de Nueva York dejó sin efecto la prohibición de visados de residencia impuesta por el gobierno de Donald Trump a ciudadanos de 75 países, incluidos varios de América Latina. La magistrada Jeannette Vargas determinó que la medida resulta contraria a la ley y excede la autoridad legal otorgada al Secretario de Estado, Marco Rubio.

La normativa, implementada en enero, congelaba el otorgamiento de visados bajo el argumento de evitar que los solicitantes se convirtieran en una carga pública para el sistema de asistencia social. Sin embargo, la resolución judicial señaló que la directiva violaba la legislación vigente, la cual exige una evaluación individualizada caso por caso sobre los recursos y capacidades de cada aspirante.

Según el expediente, la administración instruyó de forma explícita a las sedes diplomáticas para denegar solicitudes basándose únicamente en la nacionalidad, omitiendo el criterio independiente de los funcionarios consulares.

El fallo anula las denegaciones fundamentadas de forma exclusiva en dicha instrucción y ordena retomar las evaluaciones caso por caso. Aunque la defensa gubernamental citó precedentes sobre seguridad nacional, la jueza desestimó la comparación y fijó plazos para resolver los puntos pendientes del proceso legal.