La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad este martes 1 de septiembre una reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa prohíbe formalmente la participación de los partidos políticos de oposición en futuros comicios, consolidando el control absoluto sobre el sistema político y electoral de la nación.
La enmienda excluye de forma permanente a quienes sean calificados por el gobierno como «traidores a la patria», participantes en «conspiraciones golpistas» o promotores de sanciones internacionales. Además, la normativa amplía el período presidencial y de las autoridades locales de seis a siete años. Este incremento de mandato también se aplicará a otros cargos de elección popular y a las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional.
Al tratarse de una modificación a la Carta Magna, el proceso requiere la ratificación en dos legislaturas consecutivas. Tras haber superado este primer trámite legislativo, la reforma deberá ser votada y aprobada de manera definitiva en la siguiente legislatura, fijada para iniciar el 18 de enero de 2027, fecha en la que entraría oficialmente en vigor en todo el territorio nicaragüense.
