El gobierno de Nicaragua anunció su retiro definitivo e inmediato del Parlamento Centroamericano (Parlacen) mediante una nota oficial emitida por su Cancillería el 3 de octubre de 2026. Con esta medida, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunció el Tratado Constitutivo del organismo político regional, suscrito en Guatemala en 1987.

La notificación formal fue remitida a la junta directiva del Parlacen y a la Cancillería de Guatemala como país depositario. Managua justificó de forma escueta esta drástica decisión bajo el argumento del «ejercicio pleno de su soberanía». Sin embargo, la resolución ocurre justo un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una condena que exige la liberación de presos políticos y el restablecimiento de libertades democráticas en la nación vecina.

Sorprende el abandono de este espacio regional, que hasta recintemente servía al régimen para promover la incorporación de China y Rusia como observadores. Esta ruptura profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua y se suma a su salida previa de la OEA en 2023, la Corte Centroamericana de Justicia en marzo de 2026 y sus desvinculaciones en curso con organismos internacionales como la Unesco y la ACNUR.