La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación preliminar contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad. El proceso judicial se enfoca en el operativo policial ejecutado en 2009 en el Hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz, donde tres ciudadanos extranjeros perdieron la vida.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, notificó al Tribunal Supremo de Justicia el arranque de la recolección de antecedentes. La medida responde a denuncias presentadas por legisladores, quienes sostienen que en dicho procedimiento no ocurrió un enfrentamiento, sino ejecuciones extrajudiciales contra los involucrados, a quienes la administración de Morales acusó en su momento de ser mercenarios vinculados a un plan separatista.

El caso cobra mayor relevancia luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyera que el Estado boliviano cometió violaciones a los derechos fundamentales durante aquella intervención. Con este nuevo frente legal, Morales suma otro proceso judicial en su contra mientras permanece en la región del Chapare, sumado a las órdenes de captura vigentes por presunta trata de personas y por su rol en recientes movilizaciones sociales.