Resolución contra Sigfrido Reyes por presunta corrupción se conocerá el 23 de mayo

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El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador dará a conocer el próximo 23 de mayo la resolución en el proceso penal contra el exdiputado del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y otras 13 personas, entre ellas miembros de su familia y exempleados públicos, acusados de adquirir de forma fraudulenta inmuebles pertenecientes al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Reyes enfrenta cargos por peculado y lavado de dinero, tras ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haberse apropiado de $126,609 provenientes de fondos de la Asamblea Legislativa en concepto de viáticos, así como por la supuesta compra irregular de terrenos, generando un perjuicio económico de $395,317.

Además del exfuncionario, en el caso están implicadas otras personas acusadas de delitos como incumplimiento de deberes, estafa agravada y lavado de dinero. Entre los procesados figuran Susi Melba Rodríguez, Earle Reyes Morales y Byron Enrique Larrazábal, quienes, según la FGR, formaban parte de una red que lavó más de $6.5 millones mediante ocho sociedades que habrían sido utilizadas para movilizar fondos de origen ilícito.

El proceso también involucra a exempleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), como Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Yanira Ruiz; así como a tres trabajadores del IPSFA: René Díaz Argueta (gerente general), Delmy Beatriz Vega Jiménez y Jenny Medina, entre otros.

Los alegatos finales concluyeron este martes 6 de mayo. Durante la audiencia, algunos imputados hicieron uso de la última palabra para solicitar el sobreseimiento, argumentando que actuaron conforme a la ley.

Pedro Cruz, abogado defensor de Sigfrido Reyes y su núcleo familiar, aseguró que durante el proceso se presentaron pruebas que demuestran la legalidad de sus acciones. «Se han expuesto con claridad los argumentos. Si el caso se resuelve conforme a derecho, no hay ninguna duda de que debe haber un sobreseimiento. Si hay influencias ajenas a lo jurídico, entonces no podríamos decir mayor cosa. Jurídicamente, la Fiscalía no tiene caso», afirmó.

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