El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades salvadoreñas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico en el marco de la primera revisión del programa de Servicio Ampliado (SAF), que podría liberar un nuevo desembolso por $120 millones. Esta evaluación también incluyó la revisión del Artículo IV, una consulta regular sobre la situación económica y fiscal de los países miembros.

Según el FMI, el programa de 40 meses que contempla un financiamiento total de $1,400 millones ha tenido un “sólido desempeño” y que “la mayoría de los objetivos del programa, establecidos en la primera revisión, se cumplieron con creces”.

El equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, destacó que la economía salvadoreña mantiene su expansión pese a un entorno externo más complejo, gracias a una mayor confianza y al flujo sostenido de remesas.

Entre las medidas de consolidación fiscal que el Gobierno salvadoreño se comprometió a continuar este año están los recortes salariales, la moderación del gasto corriente y reformas a la función pública y al sistema de pensiones. Estas acciones se incluirán en una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya aprobación se espera próximamente.

Adicionalmente, el FMI informó que se fortalecerán los “colchones externos” mediante la acumulación de depósitos públicos en el Banco Central de Reserva (BCR), el aumento de los requisitos de liquidez bancaria, así como una mejora en la supervisión del sistema financiero, incluyendo bancos y cooperativas.

En cuanto a la Ley Anticorrupción, el organismo resaltó el compromiso del Ejecutivo para garantizar su implementación efectiva, con el fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza del sector público.

Sobre el tema del bitcoin, el FMI aseguró que se mantendrá el compromiso de no aumentar las tenencias del criptoactivo en las billeteras del gobierno, y confirmó que avanza el desmantelamiento de la participación estatal en la Chivo Wallet, con un plazo establecido para julio.

Aunque no se refirió directamente a la Oficina del Bitcoin, una institución gubernamental que continúa con la compra de este activo, el FMI reiteró que su compromiso con el país incluye acompañar técnicamente estos procesos.