La Comisión de Salvadoreños en el Exterior dictaminó a favor de reformar la Ley Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, con el fin de extender su vigencia y permitir más incorporaciones al Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV).
Esta reforma permitiría continuar incluyendo en el RUV a personas afectadas por la masacre ocurrida en diciembre de 1981 en El Mozote y otros caseríos cercanos, como Jocote Amarillo, Arambala y Cerro Pando, en el departamento de Morazán. Ingresar al registro posibilita el acceso a las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El cambio incluye una modificación para facilitar la publicación de decretos relacionados en el Diario Oficial, sin depender exclusivamente de medios de circulación nacional. Además, se contempla una prórroga de vigencia a partir del 27 de julio de 2025.
Durante la sesión de trabajo, Andrés Amador, coordinador del RUV, explicó que el proceso ha sido complejo y requiere más tiempo debido a tres factores principales: el análisis genealógico, las dificultades de acceso al lugar y la idiosincrasia local.
«Solicitamos esta extensión porque hay un compromiso serio con terminar lo que comenzamos con éxito: el registro», afirmó Amador.
El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial fue el encargado de presentar la solicitud ante la Asamblea Legislativa. También participan en el proceso instituciones como la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote.
Un hecho histórico
La masacre de El Mozote, cometida entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 por el Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño durante la guerra civil, es considerada uno de los crímenes más atroces de América Latina. Decenas de personas fueron asesinadas tras un operativo militar en busca de guerrilleros, incluyendo a mujeres, niñas y niños.
