El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador realizó el pasado 2 de julio una audiencia de conciliación en el proceso contra Fidel Antonio Zavala Pérez, acusado del delito de estafa por un monto de $3,280.
La víctima, tras firmar un contrato del que no obtuvo copia, entregó $1,000 en efectivo al imputado en noviembre de 2018 con la promesa de obtener ganancias del 20 % mensual acumulable en interés compuesto, pero nunca las recibió, debido a supuestas dificultades en la Superintendencia del Sistema Financiero.
En marzo del 2019, realizan un segundo contrato, entregándole la víctima al imputado $3,000.00 en efectivo. Al no recibir las ganancias prometidas, la víctima interpuso la denuncia ante las autoridades.
El caso llegó al Juzgado de Instrucción el 8 de marzo de 2022, donde Zavala fue detenido de forma provisional y para diciembre de ese mismo año 2022, durante una audiencia preliminar, se logró un acuerdo de conciliación entre ambas partes.
En ese momento, el acusado entregó mil dólares a la víctima y se comprometió a pagar lo restante en cuotas de $100. Pero no pagó.
En 2024 la víctima informó que se incumplió la conciliación, por lo que se realizó una nueva audiencia en la que se entregaron $400.00 y se acordó que pagaría lo restante por medio de cuotas de $100.00, incumplimiento que se repitió en enero del 2025.
En ese momento, la víctima solicitó que se le reintegraran los $1,700.00 adeudados a la fecha, por lo que la madre el imputado pagó $100.00 en audiencia y continuará pagando $100.00 mensuales hasta saldar la deuda.
Este caso evidencia cómo algunos procesados intentan usar discursos sobre “derechos humanos” como escudo para eludir la justicia. Lejos de ser víctimas de persecución, enfrentan procesos por delitos concretos como la estafa, y es el sistema judicial, no el Gobierno, el que da seguimiento a estos casos.
