La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar seis artículos de la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de ampliar, por dos años más, el periodo en que la Fiscalía General de la República (FGR) puede presentar acusaciones contra personas capturadas bajo el régimen de excepción.
El cambio busca reemplazar las disposiciones temporales del decreto transitorio 803 —aprobado en julio de 2023 y vigente hasta el 25 de agosto de 2025—, que ya había extendido los plazos procesales para estos casos. Según la comisión, la medida pretende facilitar el trabajo de fiscales y jueces en procesos que involucran a estructuras criminales complejas.
De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, se han registrado 88,750 capturas vinculadas a delitos relacionados con pandillas u organizaciones criminales. El fiscal general, Rodolfo Delgado, sostuvo ante los diputados que la prórroga es necesaria para gestionar los procesos judiciales y coordinar las audiencias de forma agrupada por estructura delictiva, en lugar de procesar cada caso de forma individual.
Cambios específicos
Entre las modificaciones propuestas se incluye que, en casos donde haya menores de edad implicados, los jueces de menores actúen únicamente como garantes de derechos, mientras que el juicio sea llevado por los Tribunales del Crimen Organizado.
También se plantea la figura de una “audiencia única abierta” para enjuiciar a los miembros de una misma estructura criminal. Esta se mantendría activa mientras existan imputados pendientes de juzgar, con la posibilidad de cerrarla después de dos años sin nuevos procesados o pruebas relevantes, aunque con la opción de reabrirla si surgen nuevos elementos.
Contexto y posturas
Los diputados de la comisión aseguran que la medida permitirá mayor eficiencia en los procesos y una mejor coordinación judicial. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han advertido en ocasiones anteriores que las extensiones prolongadas de detención preventiva pueden generar riesgos para las garantías procesales y el debido proceso.
La propuesta deberá ser sometida a votación en el pleno legislativo para su aprobación definitiva.
