En un paso clave para fortalecer la lucha contra la criminalidad financiera, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer, 7 de octubre, la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La normativa, que obtuvo 57 votos a favor y ninguno en contra, deroga la antigua Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de 1998, considerada obsoleta frente a los estándares internacionales actuales.

La nueva ley surge como respuesta a los compromisos adquiridos por El Salvador ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente su recomendación 15, que exige la inclusión de activos virtuales como bitcoin en las regulaciones contra el lavado de dinero.

De esta forma, se incorporan por primera vez a los proveedores de servicios de activos digitales en el régimen de prevención, alineando al país con prácticas regionales en Latinoamérica y evitando posibles sanciones internacionales.

Entre los aspectos más destacados se encuentra la creación del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción de estos delitos, integrado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y entidades supervisoras.

Además, se instituye el Comité Interinstitucional para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), un órgano consultivo de alto nivel que contará con la participación de figuras como el Fiscal General, el Presidente de la Asamblea, el de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Estado y representantes del sector financiero.

Este comité será responsable de diseñar políticas, estrategias y planes de acción contra estas amenazas. La ley también introduce un régimen sancionatorio administrativo para los sujetos obligados, como bancos y empresas de servicios digitales, que no cumplan con los reportes de operaciones sospechosas.

Se elevan las penas mínimas por delitos relacionados y se amplía el espectro de sujetos obligados a declarar transacciones superiores a mil dólares estadounidenses o equivalentes en activos virtuales. Según legisladores, esta medida busca prevenir la exclusión financiera de personas y sectores vulnerables, como remesas de salvadoreños en el exterior, que han enfrentado restricciones bajo la normativa anterior.

El proyecto fue impulsado por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que emitió dictamen favorable en diciembre de 2023, tras una presentación inicial del Fiscal General Douglas Meléndez. Diputados como Caleb Navarro destacaron que la ley «fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar amenazas que afectan la economía y ponen en riesgo la paz y la convivencia», al tiempo que honra compromisos internacionales y refuerza la credibilidad de El Salvador ante organismos multilaterales.

Esta aprobación llega en un momento en que el país, pionero en la adopción de bitcoin como moneda de curso legal en 2021, enfrenta escrutinio global por su marco regulatorio en criptoactivos. Analistas esperan que la implementación de la ley impulse la transparencia y atraiga inversiones, aunque advierten la necesidad de capacitación para las instituciones involucradas.

La norma entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial, y se prevé que la UIF lidere su aplicación inicial, con énfasis en la detección de operaciones sospechosas vinculadas a lavado, terrorismo y proliferación de armas.