
En una sesión plenaria extraordinaria realizada este miércoles, la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó a la abogada Raquel Caballero de Guevara como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para un nuevo período de tres años, del 16 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2028.
La elección, respaldada por la mayoría oficialista, marca la continuidad de Guevara en un cargo que ya ocupó previamente y que se considera clave para la vigilancia de los derechos fundamentales en el país.
La votación nominal y pública resultó en 57 votos a favor, impulsados principalmente por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, frente a tres votos en contra de representantes de partidos como Vamos y ARENA.
Guevara, quien sustituye a Apolonio Tobar –nombrado en la legislatura anterior–, asumirá el mando de la institución con más de 20 años de experiencia en el ámbito de derechos humanos.
Anteriormente, se desempeñó como jueza de Familia en Usulután, fundadora de los Juzgados de Familia en El Salvador y Procuradora entre 2016 y 2019.El proceso de selección incluyó la postulación de nueve candidatos, entrevistados por la Comisión Política de la Asamblea.
Según el artículo 194 de la Constitución de la República, la Procuradora tiene la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, investigar violaciones de oficio o por denuncia, asistir a víctimas y promover recursos judiciales o administrativos.
La Ley de la PDDH establece que el titular del cargo es independiente de cualquier autoridad estatal, sometido únicamente a la Constitución y las leyes. La reelección de Guevara no estuvo exenta de controversia.
Durante su gestión anterior (2022-2025), fue criticada por sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil por presunta complicidad institucional en temas sensibles, como el régimen de excepción.
El diputado de oposición Guillermo Ortiz, de Vamos, cuestionó públicamente la elección, describiendo a la PDDH como una «institución ausente y cómplice» bajo su liderazgo previo. A pesar de ello, el respaldo oficialista asegura su continuidad en el puesto.
Raquel Caballero de Guevara fue juramentada inmediatamente por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien destacó el compromiso de la legislatura con la «gobernabilidad y transparencia» en la designación.
La Procuradora, en breves declaraciones, reiteró su compromiso con la promoción de una «cultura de paz» y la protección de los más vulnerables, en línea con el mandato constitucional. Esta designación se produce en un contexto de desafíos persistentes para los derechos humanos en El Salvador, incluyendo denuncias por detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión. La PDDH, como ombudsman nacional, jugará un rol pivotal en el monitoreo de estas dinámicas durante el próximo trienio.



