Desde el 26 de abril de 2026, El Salvador ha dado un giro radical a su sistema judicial con reformas que permiten la prisión perpetua, incluso para menores de edad. Bajo este nuevo marco legal, cualquier persona de 12 años en adelante que cometa delitos de homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a organizaciones terroristas enfrentará las mismas condenas que un adulto.

La normativa, impulsada por el Ejecutivo y ratificada por la Asamblea Legislativa, elimina la discrecionalidad judicial para adolescentes de entre 12 y 18 años. Esto significa que la pena máxima ya no oscila entre los 10 y 20 años, sino que la cadena perpetua es obligatoria para los delitos tipificados, permitiendo una revisión de la sentencia únicamente tras haber cumplido 25 años en prisión.

Cambios estructurales en la justicia

• Tribunales especializados: Los menores vinculados al crimen organizado ya no serán juzgados en cortes juveniles, sino en tribunales especiales.
• Endurecimiento por terrorismo: Las penas para cabecillas de grupos terroristas se han elevado a un rango de 40 a 60 años.
• Tratamiento de cómplices: Aunque no recibirán perpetua, sus penas pueden alcanzar los 25 años.

Estas medidas se consolidan en el marco del régimen de excepción, reforzando una política de seguridad que busca castigar con el máximo rigor a quienes integran estructuras criminales en el país.