En respuesta a una crisis de seguridad que trasciende fronteras, el Gobierno de Colombia anunció el bloqueo inmediato de señales celulares en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada. La medida surge tras una contundente denuncia de El Salvador, que identificó una red de estafas telefónicas operando desde el centro de máxima seguridad de Cómbita, afectando a ciudadanos salvadoreños y de otros países de la región.

El ministro de Justicia colombiano, Andrés Idárraga, fue enfático al declarar que «no hay tregua» frente a la extorsión. Con el apoyo tecnológico de Estados Unidos, las autoridades salvadoreñas detectaron más de 100 teléfonos activos en Cómbita. La modalidad delictiva consiste en suplantar a grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación para amedrentar a las víctimas y exigir pagos bajo amenazas de secuestro.

Este fenómeno no es aislado; agencias de seguridad en Argentina, Perú, Honduras y Guatemala han reportado patrones idénticos con origen en prisiones colombianas. En 2025, Colombia registró más de 12,000 casos de extorsión, una cifra que ha impulsado esta «ofensiva directa» para evitar que el delito se naturalice o se exporte definitivamente a Centroamérica.