El gobierno nacional anunció una nueva estrategia de seguridad en la que todas las organizaciones armadas e ilegales serán catalogadas unánimemente como estructuras terroristas.

Con este giro en la política pública, la administración busca eliminar las distinciones especiales para combatir con la misma contundencia jurídica y militar a cualquier grupo delictivo que opere en el territorio.

El anuncio se realizó durante un Consejo de Seguridad en Barranquilla, donde se precisó que actividades como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y la minería ilegal se encuentran interconectadas.

Según el Ejecutivo, las diferencias normativas anteriores obstaculizaban el accionar de la Fuerza Pública, por lo que se pondrá fin a las tipificaciones diferenciadas.

Entre las medidas inmediatas destaca la puesta en marcha del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, conformado por las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía.

Asimismo, se reactivó la Unidad de Información y Análisis Financiero para intervenir las finanzas criminales y se decretó el cierre de los diálogos políticos con estas organizaciones, limitando la relación oficial a esquemas de sometimiento a la ley. La iniciativa cuenta con el respaldo estratégico y tecnológico de Estados Unidos.