La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este martes la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación política de por vida para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015).
Kirchner, de 72 años, podrá cumplir su pena en prisión domiciliaria debido a su edad. La sentencia confirma que durante su gestión, otorgó contratos millonarios de obras públicas a un empresario cercano, Lázaro Báez, considerado su presunto testaferro, en la provincia de Santa Cruz, su bastión político.
El máximo tribunal del país rechazó el recurso de la Fiscalía, que buscaba ampliar la pena a 12 años de prisión e incorporar el delito de asociación ilícita, lo cual fue desestimado.
❌ Queda fuera de la contienda electoral
Días antes del fallo, Cristina Kirchner había anunciado su intención de presentarse como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de septiembre. No obstante, la ratificación de su inhabilitación perpetua la excluye oficialmente de toda posibilidad de competir por cargos públicos en el futuro.
La decisión marca un hito político y judicial en Argentina, al tratarse de la primera condena firme contra una expresidenta, y refuerza el debate sobre la corrupción institucional en los más altos niveles del poder.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la «cartelización organizada» desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
«Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
«El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación», observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
«Presa o muerta»
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
«Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo», afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la «causa Vialidad», fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, «no funcionó», según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
«Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?», arengó.
«Dale, mirá cómo tiemblo».
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una «una fusilada que vive».
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella «estar presa es un certificado de dignidad».