En una sesión marcada por la polarización y cuestionamientos sobre la transparencia, el Congreso de la República designó a Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031. Junto a él, Jorge Rolando Rosales Mirón fue electo como magistrado suplente.
Trayectoria y propuesta central
Molina Barreto no es un desconocido en la máxima corte; cuenta con dos periodos previos como magistrado y presidió el tribunal entre 2010 y 2015. Durante su comparecencia, centró su discurso en la necesidad de reformar el recurso de amparo, argumentando que el 80% de las acciones presentadas son improcedentes y responden a un «activismo político» derivado del conflicto armado interno.
Un nombramiento bajo la lupa
Pese a su experiencia, la designación ha reavivado críticas por parte de sectores civiles y redes contra la impunidad. Los principales señalamientos incluyen:
- Vínculos Políticos: Su candidatura vicepresidencial con Zury Ríos en 2019 y su cercanía con la familia Ríos Montt.
- Fallos Polémicos: Su voto para anular la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt y su oposición al retiro de inmunidad de Otto Pérez Molina.
- Menciones Judiciales: Su aparición como notario en empresas vinculadas al Caso Fénix (desfalco al IGSS), investigado por la FECI.
La elección de Molina Barreto ocurre en un momento crítico para la justicia guatemalteca, donde su apoyo público a figuras como la fiscal general Consuelo Porras y sus críticas a la prensa mantienen encendido el debate sobre la imparcialidad del tribunal constitucional.
