El Consejo Superior del Trabajo (CST) confirmó que celebrará su próxima reunión el martes 2 de septiembre a las 9:30 a.m., en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), según informó el ministro de Trabajo y presidente del CST, Rolando Castro.
Previo al encuentro, la junta directiva del CST, integrada por representantes de empleadores, trabajadores y del gobierno, definió la fecha y presentó la propuesta ante el pleno del Consejo. Todos los miembros propietarios avalaron la medida, ratificando el inicio formal de las actividades del ente tripartito.
El ministro Castro adelantó que la reunión servirá para establecer la hoja de ruta del CST, incluyendo la aprobación de un plan de trabajo con metas claras, seguimiento trimestral y mecanismos de control. Además, se indicó que todos los acuerdos serán públicos, con el objetivo de garantizar transparencia, estabilidad y confianza en las decisiones que tome el Consejo.
Pese a la convocatoria, organizaciones de trabajadores expresaron su preocupación por la actual gestión del CST. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) señaló que el Consejo ha perdido su esencia, denunciando violaciones laborales, disolución de sindicatos mediante despidos y obstáculos para otorgar personalidad jurídica a nuevas organizaciones.
En un comunicado emitido este 27 de agosto, la MPJL advirtió que la conformación actual del CST parece meramente formal, diseñada para cumplir con requerimientos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin garantizar un diálogo tripartito genuino ni la inclusión plena de sindicatos independientes.
La organización hizo un llamado al gobierno y al CST para que se respete la participación activa de los trabajadores, se evite el hostigamiento y la criminalización de las protestas pacíficas, y se promueva una concertación auténtica que fortalezca los derechos laborales en el país.
El próximo 2 de septiembre será, según las autoridades, la primera oportunidad formal para que el CST trace su ruta de acción, mientras las críticas sobre su legitimidad y funcionamiento continúan siendo un tema de debate en la esfera laboral salvadoreña.
