La solicitud está relacionada con una presunta contratación irregular financiada con fondos del BCIE.
Por primera vez en la historia constitucional del país, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles, a fin de que pueda ser investigado por supuestos actos de corrupción relacionados con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La decisión, adoptada este martes 1 de julio de 2025, responde a una acusación presentada el pasado 7 de abril por la Fiscalía General de la República, que involucra al mandatario en un presunto delito de concusión, tipificado como un abuso de poder por parte de un funcionario público para obtener un beneficio económico.
La acusación sostiene que la Presidencia de la República habría direccionado una contratación a favor de la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, para que esta brindara servicios de comunicación, marketing político, consultoría estratégica y análisis de opinión durante el período presidencial 2022-2026. El monto contratado asciende a 405,000 dólares, provenientes de una donación del BCIE.
La Fiscalía plantea que Bulgarelli habría sido quien redactó los términos de referencia del concurso lanzado por el BCIE, en un aparente conflicto de interés, facilitando así la adjudicación del contrato a su propia empresa.
Además, la investigación apunta a que el comunicador fue presuntamente presionado o inducido a beneficiar con 32,000 dólares a Federico Cruz Saravanja, otro de los implicados, quien habría recibido un pago indebido como parte de esta operación.
Con la remisión del expediente a la Asamblea Legislativa, corresponde ahora al Congreso costarricense decidir si retira o no el fuero presidencial a Rodrigo Chaves. De aprobarse, se abriría la vía para que el mandatario sea formalmente investigado y eventualmente procesado, aunque no existe un plazo definido para esta decisión.
Este caso marca un precedente histórico en la democracia costarricense, donde nunca antes un presidente en funciones había sido objeto de una solicitud formal de levantamiento de inmunidad por parte del Poder Judicial.
El entorno político costarricense permanece atento a la respuesta del Congreso y a las reacciones del Ejecutivo, en lo que se perfila como un episodio clave en la rendición de cuentas del poder público en la región.