
Una serie de cuatro ataques armados perpetrados durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026 dejó un saldo de doce personas asesinadas en el municipio de Yorito, al norte de Honduras. Los hechos ocurrieron en zonas rurales montañosas, distribuyéndose nueve víctimas en la comunidad de Vallecillo y tres en la aldea de Pacayal, entre ellas un menor de edad.
Reportes preliminares confirman que entre los fallecidos figuran la regidora municipal Yolanda Olvera, su hija, su compañero de hogar y varios empleados de la Alcaldía de Yorito. Las autoridades vinculan esta masacre con el grupo criminal Cártel del Diablo, estructura que se atribuyó la autoría mediante videos en redes sociales como represalia ante recientes operativos estatales.

Tras una sesión de emergencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el Gobierno declaró todo el departamento de Yoro como territorio de alto riesgo. El presidente Nasry Asfura condenó los crímenes y ordenó el despliegue inmediato de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Estado mantiene vigente una recompensa de 186,000 dólares para capturar a Esteban Ferrera, líder de dicha organización designada como terrorista.





