En un duro golpe al sistema penitenciario guatemalteco, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció este lunes la destitución inmediata de nueve altos funcionarios, incluyendo al director general del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, y los directores y subdirectores de varias prisiones clave, como medida de respuesta a la fuga de 20 miembros de la pandilla Barrio 18 de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.
La evasión, confirmada el domingo por las autoridades, no fue un acto aislado, sino un proceso gradual que se extendió por varios días, posiblemente facilitado durante visitas familiares, según reveló Godínez antes de su remoción.
Los reos, vinculados a graves delitos como asesinato, extorsión y trata de personas, representan un alto riesgo para la seguridad pública, en un contexto de creciente pugna entre pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha contra el control estatal de las cárceles.
Hasta el momento, solo uno de los fugados –un cabecilla clave– ha sido recapturado por la Policía Nacional Civil (PNC), gracias a un operativo reforzado en fronteras con Honduras y México.
El Gobierno ha ofrecido una recompensa de hasta 20.000 dólares por información que lleve a la captura de cada uno de los restantes 19, mientras que Jiménez ordenó pruebas de polígrafo a todos los directivos penitenciarios, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, para detectar posibles complicidades.
Las destituciones abarcan no solo a Fraijanes II, sino también a los centros de Renovación I, Mariscal Zavala y Puerto Barrios (Izabal), centros que han sido foco de tensiones recientes tras el traslado de líderes pandilleros a prisiones de aislamiento en julio de 2024.
Godínez admitió fallas en el monitoreo y supervisión, incluyendo la ausencia de revisiones diarias por huellas dactilares debido a limitaciones técnicas. La crisis ha generado reacciones políticas inmediatas. Diputados del Movimiento Semilla, partido del presidente Bernardo Arévalo, respaldaron las medidas ejecutivas pero exigieron una investigación profunda para abordar «fallas estructurales» en el sistema carcelario.
En contraste, legisladores disidentes y de la oposición, como Samuel Pérez, pidieron la renuncia de Jiménez, argumentando «negligencia y gestión deficiente» y alertando sobre posibles vínculos políticos con pandilleros, como el líder de Barrio 18 conocido como «el Lobo».
El ministro rechazó tajantemente cualquier dimisión, afirmando: «No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situación», y negó rumores de pactos con pandillas, calificándolos como intentos de desestabilización política.
Desde Washington, la Embajada de EE.UU. calificó la fuga como «totalmente inaceptable» y urgió la recaptura inmediata, recordando que en septiembre pasado designó a Barrio 18 como organización terrorista por su rol en la violencia transnacional.
El Gobierno guatemalteco, por su parte, impulsa reformas legislativas para endurecer controles en prisiones, incluyendo una nueva ley para mega-cárceles con aislamiento total y vigilancia biométrica.
Esta fuga agrava la inseguridad en un país que ha visto un repunte en homicidios relacionados con pandillas, y pone en jaque los esfuerzos del Ejecutivo por desmantelar redes criminales arraigadas. Las autoridades han restringido visitas en pabellones de Barrio 18 y desplegado la División Nacional contra Pandillas (Dipanda) para intensificar la búsqueda.
Mientras tanto, la ciudadanía espera resultados concretos en una batalla que parece lejos de concluir.
