En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este viernes, el Congreso de la República de Perú ha consumado la destitución de la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente», en medio de una crisis de inseguridad que ha sumido al país en el caos.
Con 122 votos a favor de un total de 130 congresistas, la moción de vacancia –impulsada por cuatro iniciativas de distintas bancadas– pone fin a un mandato turbulento de casi tres años, marcado por escándalos de corrupción, una impopularidad histórica del 93% y un auge del crimen organizado que ha tocado incluso los rincones más seguros de la capital.
El detonante inmediato de esta remoción exprés fue el brutal atentado contra la popular banda de cumbia Agua Marina, perpetrado la noche del miércoles en un recinto militar de Chorrillos, Lima –supuestamente uno de los lugares más protegidos del país–. Cuatro integrantes del grupo resultaron heridos de bala en el tórax y las piernas, un hecho que ha encendido las alarmas sobre la descontrolada violencia urbana y rural que asfixia a los peruanos. «Este crimen no solo es un ataque a la cultura, sino un espejo de la incapacidad del gobierno para proteger a su pueblo», declaró el congresista Eduardo Herrera (Renovación Popular), uno de los promotores de la moción.
Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia del Perú tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022, defendió su gestión en un mensaje televisado desde el Palacio de Gobierno, flanqueada por su gabinete. «No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos que merecen estabilidad y un gobierno sin corrupción», afirmó, aunque sus palabras fueron interrumpidas por la cadena nacional para la juramentación de su sucesor. Rumores de una posible renuncia o solicitud de asilo político circularon durante la tarde, pero la expresidenta optó por un adiós digno, aunque cargado de amargura.
En su lugar, asume de inmediato José Enrique Jerí Oré, el actual presidente del Congreso (Somos Perú), un abogado limeño de 38 años nacido en 1986, quien gobernará como interino hasta julio de 2026, fecha de las elecciones generales. Jerí, que rechazó una moción de censura en su contra durante la misma sesión, prometió en su juramento «restaurar la seguridad y la confianza en las instituciones». Su mandato, sin embargo, se vislumbra bajo la sombra de la inestabilidad: Perú ha tenido siete presidentes en apenas siete años, tres de ellos destituidos por el Legislativo, lo que pinta un panorama de fragilidad democrática que alarma a la comunidad internacional.
La votación fue abrumadoramente transversal: Fuerza Popular (24 votos), Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (10), Podemos Perú (12), Juntos por el Perú-Voces (10), Avanza País (6), y bancadas menores como la Socialista (5), sumaron fuerzas contra Boluarte. Ningún voto en contra ni abstención, un raro consenso en un Congreso habitualmente fragmentado.
Esta destitución no solo cierra un capítulo doloroso para Boluarte –criticada por el aumento de su salario presidencial de S/15.600 a S/35.568 mensuales en medio de la pobreza generalizada, y por presuntos favoritismos en cirugías estéticas pagadas con fondos públicos–, sino que abre interrogantes sobre el futuro del país andino.
¿Podrá Jerí contener la ola de violencia que incluye extorsiones, sicariato y narcotráfico? ¿Evitará Perú caer en un ciclo interminable de crisis? Mientras tanto, manifestantes se congregan frente al Congreso, exigiendo justicia y un cambio real. La historia, una vez más, juzgará a sus protagonistas.
