La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ha generado debate al presentar una propuesta para aplicar un impuesto del 3% a los alquileres turísticos gestionados mediante plataformas como Airbnb. La iniciativa busca que estos fondos sean destinados específicamente a programas de vivienda, aprovechando el crecimiento de este sector en el país. Ortiz sostiene que esta medida es necesaria para abordar las necesidades habitacionales de la población.

Paralelamente, la legisladora ha cuestionado duramente la administración de los recursos actuales, señalando que el pago de impuestos no se traduce en servicios eficientes. Según su postura, áreas críticas como la salud, la educación y la infraestructura vial no reflejan la inversión estatal, afirmando que la ciudadanía tributa sin recibir atención médica de calidad o calles en buen estado.

En esta misma línea, Ortiz planteó una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para aliviar el bolsillo de los consumidores más pobres, quienes absorben el impacto en los precios finales. Sin embargo, especialistas advierten que reducir el IVA del 13% al 6.5% provocaría una caída drástica en los ingresos del Estado, afectando la sostenibilidad de servicios esenciales y compromisos internacionales. Los expertos señalan que, sin mecanismos de compensación claros, la propuesta podría aumentar el déficit fiscal sin garantizar una baja real en los precios al consumidor.