Ecuador vive una jornada de alta tensión este lunes, mientras el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple 15 días y amenaza con radicalizarse.
Las manifestaciones, que exigen la derogación de medidas económicas como la eliminación del subsidio al diésel y la reducción del IVA del 15% al 12%, han escalado en violencia, con bloqueos de vías, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en 12 provincias del país.
Contexto de las protestas
El estallido social comenzó el 15 de septiembre tras el anuncio gubernamental de eliminar el subsidio al diésel, elevando su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón, como parte de reformas para reducir el déficit fiscal y cumplir con compromisos internacionales.
La Conaie, liderada por Marlon Vargas, ha ampliado sus demandas a nueve puntos, incluyendo el freno a proyectos extractivistas como la minería en Quimsacocha (Azuay), atención urgente al colapso del sistema de salud y el respeto al derecho a la protesta.
Estas acciones recuerdan las movilizaciones de 2019 y 2022, que derribaron políticas similares bajo gobiernos anteriores.Hasta el momento, las protestas se concentran en la Sierra, con epicentro en Imbabura (provincia natal de Vargas), Cotopaxi y Chimborazo.
En la Amazonía, siete nacionalidades indígenas de Pastaza iniciaron movilizaciones a las 09:00 de hoy contra proyectos petroleros, coincidiendo con la agenda de Noboa en la zona, donde entregará ayudas a comunidades rurales. Transportistas y sectores campesinos se han sumado parcialmente, aunque aclaran no adherirse al paro indígena.
Represión y saldo humanoLa escalada ha dejado un muerto –el indígena kichwa Efraín Pérez, de 46 años, baleado en Imbabura el domingo–, más de 150 heridos y alrededor de 110 detenidos, según reportes de la Alianza por los Derechos Humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian uso excesivo de la fuerza por parte de Policía y Fuerzas Armadas, detenciones arbitrarias y hostigamiento a líderes sociales.
Un video viral muestra a militares maltratando a un manifestante herido en Cotacachi, avivando las críticas contra el gobierno.Noboa ha respondido con mano dura: el sábado decretó estado de excepción en 10 provincias adicionales (Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza), sumándose a Imbabura y Carchi, por 60 días.
La medida restringe la libertad de reunión 24 horas al día, moviliza al Ejército y permite toque de queda, aunque garantiza protestas pacíficas. La Corte Constitucional anuló parcialmente un decreto previo, limitándolo solo a Imbabura y Carchi, pero Noboa lo amplió argumentando «alteración grave del orden público».En redes sociales, usuarios denuncian censura: el domingo, el periodista español Bernat Lautaro (@pelofuego__) fue detenido en Quito mientras cubría una marcha pacífica y deportado esa noche por ser «amenaza a la seguridad nacional».
«Abajo la dictadura», gritó al ser escoltado al aeropuerto. Fundamedios y Inredh lo califican de atentado a la libertad de prensa.Posición del gobierno y amenazas de radicalizaciónNoboa, reelegido en enero con apoyo en zonas indígenas, mantiene una postura firme: «No retrocederemos; Ecuador no puede parar», declaró tras un ataque a su convoy en Imbabura, que incluía diplomáticos y ayuda humanitaria.
Acusó al Tren de Aragua de financiar las protestas y envió a la Asamblea una ley para fortalecer a las Fuerzas Armadas con incentivos fiscales. Anunció medidas populistas como adelanto del décimo tercer sueldo y IVA al 8% en feriados para impulsar el consumo.La Conaie, por su parte, advierte de «tomar Quito» si no hay diálogo, y convoca una marcha capitalina para el 12 de octubre.
Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la organización, exigió cese a la «represión aérea y terrestre sin precedentes». Exlíderes como Leonidas Iza denuncian persecución política. Analistas como Christian Palacios Tamayo ven en esto un intento de Noboa por evadir críticas a su política extractivista.Impacto económico y socialLos bloqueos han afectado sectores productivos, con pérdidas millonarias en agricultura e industria.
El paro no es nacional pleno, pero ha generado preocupación general ante un feriado inminente por la Independencia de Guayaquil. Noboa apuesta al desgaste de los manifestantes, pero el duelo con la Conaie podría igualar las 18 jornadas de 2022 si no hay negociación.
Organizaciones internacionales llaman a respetar derechos humanos y al diálogo. Mientras, en X (antes Twitter), hashtags como #ParoNacional2025 y #FueraNoboa dominan, con llamados a la unidad contra la «militarización».
La situación sigue en desarrollo; se esperan novedades antes del feriado. Ecuador, en «beligerancia interna» por el narcotráfico, enfrenta ahora un pulso interno que pone a prueba la estabilidad de Noboa.
