La medida, implementada en respuesta a la violencia, ha reducido significativamente la criminalidad en el país.

El Salvador conmemora tres años desde la implementación del Régimen de Excepción, una estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la criminalidad. La medida, aprobada el 27 de marzo de 2022, fue prorrogada recientemente por la Asamblea Legislativa el pasado 4 de marzo.
El Régimen de Excepción fue implementado tras un repunte de violencia en marzo de 2022, cuando en un solo día se registraron 62 homicidios en el país. Desde entonces, el Gabinete de Seguridad, integrado por la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República, ha reportado importantes resultados en la lucha contra el crimen organizado.
Según cifras oficiales, bajo esta medida se han realizado alrededor de 87,000 arrestos, además de la incautación de 4,565 armas de fuego, 1,451 vehículos y 21,630 teléfonos celulares, herramientas que pandilleros utilizaban para coordinar actividades delictivas.

En 2019, año en que el presidente Bukele asumió el cargo, El Salvador tenía una tasa de 38.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para 2024, esta cifra se redujo drásticamente a 1.9 muertes por cada 100,000 habitantes, convirtiéndose en uno de los países más seguros de la región.
El pasado 1 de marzo, el mandatario compartió en su cuenta de X que, si las cifras oficiales de enero (4 homicidios) y febrero (3 homicidios) se mantienen, 2025 podría cerrar con un promedio inferior a un homicidio por cada 100,000 habitantes, un dato sin precedentes en la historia del país.

Desde su aprobación en 2022, el Régimen de Excepción ha sido prorrogado 36 veces consecutivas, con una vigencia de 30 días en cada extensión. Aunque ha generado opiniones divididas, la medida ha sido clave para consolidar a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental, permitiendo que millones de ciudadanos vivan en un ambiente de mayor tranquilidad.
A tres años de su implementación, los resultados reflejan una transformación profunda en la seguridad del país, consolidando la estrategia del Gobierno como un referente en la lucha contra el crimen organizado.
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