El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue obligado este viernes a llevar una tobillera electrónica, someterse a arresto domiciliario nocturno y abstenerse de usar redes sociales o comunicarse con su hijo Eduardo, en el marco de una investigación sobre su presunta implicación en actos contra la soberanía nacional y el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.
La orden fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien también prohibió al expresidente comunicarse con embajadores, acercarse a sedes diplomáticas y utilizar redes sociales. Bolsonaro deberá cumplir arresto domiciliario de 19:00 a 07:00 horas todos los días, incluyendo los fines de semana, y será vigilado las 24 horas del día.
Además, el STF le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con su hijo Eduardo Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos desde hace semanas, tras renunciar a su cargo de diputado federal. Según la Policía Federal (PF), el expresidente habría financiado actividades delictivas desde el exterior, transfiriendo cerca de dos millones de reales (unos 340.000 euros) a su hijo para promover acciones contrarias a los intereses del Estado brasileño.
La decisión judicial llega tras una denuncia de la PF, respaldada por la Fiscalía General de la República, en la que se argumenta que Bolsonaro ha interferido activamente en el curso del proceso judicial sobre los ataques a las instituciones del 8 de enero de 2023. Se le investiga por posibles delitos de coacción en el proceso, obstrucción de la justicia y ataque a la soberanía nacional.
Durante la mañana, Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Policía Federal para la colocación de la tobillera electrónica. Su abogado, Celso Vilardi, expresó a medios locales su indignación por las medidas impuestas: “Recibimos con sorpresa e indignación la imposición de medidas cautelares severas contra el expresidente, quien hasta ahora ha cumplido con todas las determinaciones del Poder Judicial”.
El caso ha causado un fuerte impacto político y mediático tanto dentro como fuera de Brasil. La semana pasada, Eduardo Bolsonaro se jactó públicamente de influir en las decisiones del expresidente estadounidense Donald Trump en contra de Brasil. Horas después, Trump anunció un arancel del 50 % a las exportaciones brasileñas, lo que fue interpretado como una represalia indirecta.
Con esta nueva medida, Jair Bolsonaro queda en el centro de uno de los casos judiciales más relevantes de la historia reciente de Brasil, mientras las instituciones intentan cerrar el capítulo más tenso del periodo post-electoral que siguió a su gobierno (2019–2023).