El Gobierno español calificó como «egoísta» la reacción de diversos socios de la Unión Europea, entre ellos Italia, tras el arribo masivo de casi 50.000 migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reprochó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el uso de esta crisis con fines políticos luego de que propusiera aislar a España mediante la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación Schengen.
Ante el incremento de la presión migratoria, el Ejecutivo español desplegó fuerzas de seguridad en la zona y exigió una mayor solidaridad comunitaria, rechazando categóricamente las medidas unilaterales. Por su parte, naciones como Finlandia y Dinamarca respaldaron posturas restrictivas, mientras que Francia y Portugal reforzaron los controles en sus respectivas fronteras.
Las autoridades reportan que más de 48.000 personas ya retornaron a territorio marroquí, aunque el saldo oficial contabiliza al menos 67 fallecidos durante las travesías. Con el fin de abordar la saturación de recursos locales y coordinar la protección de las fronteras exteriores, la Unión Europea convocó a una reunión de emergencia para acordar una respuesta conjunta entre los países miembros.
