El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones económicas dirigidas contra tres directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y nueve empresas estatales clave. La medida busca debilitar las fuentes de ingresos e infraestructura logística del gobierno cubano, acusando a la cúpula del ICAP de operar redes de influencia política dentro de territorio estadounidense.

Entre los funcionarios sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros figuran Fernando González Llort, presidente del ICAP y exintegrante de la Red Avispa, junto a las directivas Leima Martínez Freire y Noemí Rabaza Fernández. Asimismo, la lista negra abarca entidades estratégicas de la isla como el Ministerio de la Construcción y diversas firmas dedicadas a la minería, la metalurgia y el comercio exterior.

Washington emitió una advertencia directa dirigida a la banca internacional y a corporaciones extranjeras, exigiendo la interrupción de cualquier transacción comercial con las entidades señaladas bajo amenaza de represalias financieras. Por su parte, la Cancillería cubana rechazó enfáticamente las medidas, denunciando que las restricciones buscan asfixiar la economía del país e impactan directamente el suministro de bienes básicos, medicamentos y alimentos para la población.