El Departamento de Estado de Estados Unidos asestó un severo golpe político a la región al revocar y restringir las visas a 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La medida preventiva castiga formalmente actos de corrupción de gran escala, nexos con el narcotráfico e intentos deliberados por socavar la democracia en el continente, afectando además de forma directa a los familiares de los señalados.

La acción se enmarca en la iniciativa regional Escudo de las Américas y aplica la Sección 212 de la Ley de Inmigración. Entre los nombres más relevantes figura el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, junto a magistrados y jueces del país andino. La nómina sancionatoria también alcanza al destacado empresario colombiano Euclides Torres y a la senadora oficialista Martha Isabel Peralta, mientras que en Perú la sanción recayó en el juez constitucional Juan Carlos Núñez.

Washington remarcó que las instituciones públicas no pueden servir de refugio para la impunidad ni el crimen organizado. Al invalidar los permisos de viaje de este grupo de fiscales, jueces y políticos, el Gobierno estadounidense reafirma su exigencia de depuración institucional como condición estricta para mantener la cooperación en materia de seguridad fronteriza y combate al tráfico ilícito en Sudamérica.